El Gobierno obliga a Ayuso y Moreno a cobrar Patrimonio si no quieren que el dinero se lo lleve Sánchez

El nuevo «impuesto de solidaridad» a las grandes fortunas anunciado este jueves por el Gobierno supone una encerrona para las autonomías del PP que han bonificado el Impuesto de Patrimonio (Madrid) o van a hacerlo (Andalucía y, parcialmente, Galicia). Ahora, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno se van a encontrar en la disyuntiva entre reinstaurar el tributo o permitir que lo cobre Pedro Sánchez y se quede con su recaudación.

Este nuevo impuesto se aplicará en todo el Estado para los patrimonios superiores a 3 millones de euros y, para evitar la doble imposición, será deducible lo que cada contribuyente pague en su región por el Impuesto de Patrimonio. Lo cual significa que, en las comunidades donde esté bonificado, deberá pagarse íntegramente al Estado. De hecho, acabar con estas bonificaciones es el objetivo real de esta medida.

Con esta fórmula, las comunidades populares que habían eliminado en la práctica este impuesto tendrán que optar entre mantener su política y sus principios y permitir que Sánchez se lleve el dinero -una cantidad con la que no contaban en cualquier caso- o retirar las bonificaciones para que la recaudación se quede en sus territorios y puedan destinarla a dar servicio a sus ciudadanos o a reducir su endeudamiento.

Si optan por la primera opción, siempre podrán justificarlo porque Sánchez les obliga. En todo caso, va a requerir un cuidadoso cálculo electoral de cara a los comicios de mayo, ya que el PSOE sin duda va a atacar a Ayuso y a Moreno por «defender a los ricos» o bien por dar bandazos y renunciar a sus principios si al final reinstauran el impuesto.

Invasión de competencias

De momento, la primera reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido denunciar la invasión de competencias autonómicas por parte del Ejecutivo central porque «va en contra de la propia Ley de Financiación de Comunidades Autónomas».

El número dos en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, denuncia también que ese nuevo impuesto «no se ha debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera» y ha advertido al Ejecutivo de PSOE y Podemos que, si «pretende imponer una fiscalidad, a todas luces ilegal, contra los madrileños, desde luego que va a tener al PP de Madrid enfrente».

Cambiar la ley sin consenso

Expertos consultados por OKDIARIO se remiten a la Ley 22/2009 de cesión de tributos a las comunidades autónomas, que establecía la cesión del Impuesto de Patrimonio (y de todos los tributos que afectan a la riqueza, como Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales) a las autonomías para mejorar su financiación.

Esta ley fue consensuada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y las comunidades de todos los signos políticos. La norma que cree el nuevo «impuesto de solidaridad» puede modificar esta ley ya que es ordinaria (el cambio no requiere de mayoría cualificada en el Congreso), pero  «se rompería la idea de que la ley de cesión no se puede alterar por sólo una de las partes (el Estado)», según uno de los citados expertos.